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La deuda pública externa de mediano y largo plazo sumaba 2.595 millones de dólares al 31 de diciembre de 2009 y subió hasta 2.642 millones de dólares al 30 de junio de 2010. El Tesoro General de la Nación (TGN) es la entidad que más debe (2.091 millones), seguida de lejos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (254 millones), el Gobierno Municipal de La Paz (74 millones), el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y los gobiernos departamentales de Potosí y Chuquisaca, según el Departamento de Deuda Externa de la Gerencia de Operaciones Internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB).
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El gobernador de Chuquisaca Esteban Urquizo contratará a una empresa independiente para que en un plazo de 180 días calcule el monto de la indemnización que el Estado pagará a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) por la expropiación de su cuota accionaria en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) de Chuquisaca.
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21-02-2010:$us 2,2 billones al año, el costo del daño medioambiental causado por 3 mil mega empresasNotas Institucionales
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Nueva York por encima de la ley
(Prensa Latina).- La Habana, (PL) La posible construcción de un centro comunitario islámico a varias cuadras de donde se encontraban las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York ha causado un controvertido revuelo. Este es un año de elecciones parciales para el Congreso que se renueva en noviembre por lo que lideres políticos de diversas tendencias se enfrentan con vistas a obtener alguna ganancia del polémico tema, señala la revista Horizontes.
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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.
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