A propósito de grupos de jóvenes armados en tierras bajas

Falsa hombría, ociosidad y exceso de dinero, mala combinación para la madre naturaleza

Marco Octavio Ribera Arismendi

Ha causado profundo malestar la aparición de una organización delincuencial de cazadores que opera desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que habría ocasionado cacería vandálica e irresponsable, a gran escala y de forma sistemática, en algunas regiones del departamento de Santa Cruz. Hacemos referencia al hecho denunciado en la prensa nacional (La Razón, Sociedad, 25 de julio del 2010) en la cual se menciona al grupo de jóvenes cazadores que habrían organizado auténticas matanzas de vida silvestre y que han llegado no sólo a publicitar, sino a promover, sus actividades ilícitas en el Face Book, en un sitio que ya podría tener 330 adeptos o simpatizantes.

Las fotografías muestran varias especies silvestres amenazadas como felinos (jaguares y tigrecillos u ocelotes), además de otras especies como ciervos y antas, que son parte del sustento de sobrevivencia y base de la seguridad alimentaria de las poblaciones locales indígenas y campesinas.

El hecho de publicitar sus acciones delincuenciales en una red social, implica una clara apología del delito, lo cual debería facilitar las acciones de investigación y de aplicación de las sanciones respectivas. Mencionamos la palabra delito, puesto que las acciones cometidas se encuentran plenamente tipificadas como tal en las normas ambientales establecidas, tanto en la Ley del Medio Ambiente (Art. 110 y 111), como en la actual Constitución Política del Estado. Los cientos de miles, por no decir millones de bolivianos, que rechazamos estos hechos demenciales, estaríamos en todo nuestro derecho de entablar querellas formales en contra de esos sujetos desubicados.

Causa también preocupación que se haga gala de la tenencia y utilización de diversos tipos de armamento de grueso calibre vía Internet, así como su comercio abierto e irrestricto, lo cual constituye un elevado riesgo, no sólo para la fauna silvestre; sino para los pobladores locales de las zonas donde estas personas, ligadas a grupos de poder económico de Santa Cruz, realizan sus fechorías en vehículos todo terreno, atentando contra la naturaleza y el equilibrio ecológico de las regiones de Santa Cruz.

Estas actividades delincuenciales son absolutamente anacrónicas, puesto que se suceden en un tiempo de notable crisis ambiental y ecológica, especialmente difícil para la vida silvestre, por tanto dichas acciones realizadas por un grupo de malos bolivianos y malos cruceños, no pueden ser calificadas sino como reaccionarias y retrógradas, siendo absolutamente atentatorias al bien común y patrimonio de toda la Nación. Es una pena que las acciones de esos grupos de jóvenes con un gran exceso de tiempo de ocio y de aburrimiento, gran carencia de principios morales, además de un evidente exceso de dinero para la compra de costoso equipo y armamento, nos haga retroceder a épocas donde primaba la arbitrariedad y la inobservancia de las normas.

Exigimos que se de cumplimiento a los artículos 20, 103, 110, 111 y 114, de tipificación de delitos ambientales de la Ley 1333 del Medio Ambiente, y los artículos 33, 381 y 383 de la Constitución Política del Estado Plurinacional en cuanto a la protección del patrimonio natural, así como a otras normas relativas a la portación y comercialización de armamento y municiones, dado que estas personas de alguna forma se han constituido en grupos irregulares armados.

LIDEMA, mediante notas expresas, ha pedido a diversas oficinas del gobierno, así como a la gobernatura de Santa Cruz, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, etc., se apoyen las investigaciones de la Fiscalía y se concreten esfuerzos para aprender y sancionar conforme a la Ley a los delincuentes ambientales, así como prevenir y controlar futuras acciones similares en cualquier región del territorio nacional. LIDEMA ha reiterado así mismo su compromiso de apoyar y realizar un acucioso seguimiento al desarrollo de todas las acciones que se desarrollen para contrarrestar y sancionar a los responsables de estos delitos cometidos en el departamento de Santa Cruz.

Coordinador de Investigación y Monitoreo Ambiental. LIDEMA

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.