El modelo económico a debate

Organizaciones indígenas y campesinas repudian las acciones del Ministerio de Hidrocarburos contra Mosetenes y Lecos

Pablo Cingolani

El 8 de julio pasado, en la ciudad de La Paz, sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, fueron dadas a conocer las resoluciones del I Encuentro Nacional de Secretarios de Recursos Naturales de las Organizaciones Indígenas Originarias Campesinas del país.

Pablo Cingolani

Historiador, periodista, explorador. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1963. Reside en La Paz, Bolivia, desde 1987. Como historiador, realizó estudios sobre los derechos argentinos sobre las islas Malvinas y los problemas de tierras en la puna de Jujuy, la explotación cauchera en la Amazonía y la historia minera de Los Lípez potosinos.

Trabajó como redactor y colaborador en una docena de medios gráficos de La Paz y sus artículos también se publican en medios de Argentina, Chile, Ecuador y España. En video, dirigió con Gastón Ugalde ?Imagina Bolivia? y la primera serie de documentales sobre áreas protegidas. Encabezó expediciones ecohistóricas desde 1980, explorando, entre otras, la región de Iruya-Baritú, Cumbres Calchaquíes y la puna jujeña en Argentina, el desierto de Atacama en Chile y casi todos los parques nacionales de Bolivia, en especial en Lípez, Chaco y Amazonía.

Creador de la Expedición Madidi que ya realizó 4 versiones a distintos sectores poco explorados del parque del mismo nombre y declarada de ?interés nacional? por el congreso boliviano.

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El encuentro duró dos días y reunió a las máximas instancias representativas de la mayoría indígena campesina nacional, es decir al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y sus Suyus, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CTUSCB), la Confederación Sindical de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas-"Bartolina Sisa" (CSMIOC-BS), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), incluyendo a la Organización Indígena Chiquitana (OICH), la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG) y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), el Movimiento Sin Tierra (MST-B) y el Pueblo Afroboliviano.

Los considerandos de las resoluciones son trascendentales ya que van al centro del drama que está afectando al conjunto de pueblos indígenas y comunidades campesinas que forman parte del Estado Plurinacional.

Por un lado, se deja sentado que las actividades extractivas ya existentes en los territorios indígena- campesinos "violan nuestros derechos colectivos reconocidos en la Constitución Política del Estado (CPE), Leyes y Tratados Internacionales", pero más importante aún, se aclara que los pueblos indígenas y comunidades campesinas se sienten afectados por los impactos negativos que provocan "los sistemas económicos, sociales, culturales y ambientales, que se producen por la extracción de los recursos hidrocarburíferos y mineros en nuestros territorios".

Este es un cuestionamiento crucial y de fondo al modelo vinculado a la actividad extractiva y monoproductiva, que signa el derrotero económico nacional boliviano desde la creación de la República y que tuvo en los años del neoliberalismo su máxima expresión.

Esos impactos negativos, en el marco del nuevo Estado Plurinacional, según los indígenas y campesinos, persisten "sin que los mismos tengan solución por parte del Gobierno y sus Ministerios", dice el documento.

Una de las causas de esa falta de soluciones radica, según las organizaciones, en "no dar cumplimiento a la Consulta y Participación previa, libre, informada y obligatoria", y se alude como responsables tanto al Ministerio de Hidrocarburos y al Ministerio de Minería del gobierno que encabeza el presidente Evo Morales.

Al margen de resoluciones puntuales que insistimos pueden leerse en el documento completo, quisiéramos destacar dos.
En la resolución séptima, se anota que las organizaciones exigen "respeto a la Pachamama y lugares sagrados, la conservación de la biodiversidad, agua, suelo, lagos, ríos y otros recursos naturales en todo el territorio nacional, especialmente en áreas protegidas, territorios indígenas originarios y campesinos restringiendo el desarrollo de actividades hidrocarburíferas y mineras, y de acuerdo a los usos y conocimientos tradicionales".

Está claro que este es el principio que sustenta el Vivir Bien, el paradigma para la construcción de una nueva sociedad que está incluido en el texto pionero de la nueva constitución boliviana en vigencia. Es a la vez, la base de la recientemente aprobada Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, impulsada por el propio Evo, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.
La resolución decimoquinta es bien elocuente. Se promueve la convocatoria "a un debate nacional de las organizaciones indígenas originarias campesinas con las instancias del Gobierno sobre la necesidad de generar un nuevo modelo de desarrollo sostenible, más allá de las actividades hidrocarburíferas y mineras, y sobre la distribución de la renta del gas y minerales, como señala la CPE promulgada este pasado 7 de febrero de 2009".

Esta iniciativa de los movimientos sociales debería ser tomada muy en cuenta: es el primer aporte orgánico de las organizaciones para la construcción de un modelo nacional de desarrollo post hidrocarburífero, una condición que será dramática e inevitable en un futuro cercano para Bolivia. Pero además rescata el valor y las implicancias de la nueva Constitución del Estado Plurinacional boliviano que reconoce nuevos derechos para las mayorías nacionales y por ello, y con justicia, ha creado enormes expectativas.

Desde ya, es el gobierno el que ahora tiene la palabra.

Solidaridad con los pueblos Mosetén y Leco

Finalmente, la declaración no pasa por alto el drama que actualmente viven los hermanos Mosetenes y Lecos del Alto Beni y la provincia Larecaja, producto del accionar del Ministerio de Hidrocarburos.

"Repudiamos -dice la resolución cuarta- las acciones del Ministerio de Hidrocarburos en las visitas a las comunidades de Mozeten [sic] y Lecos, integrantes del CPILAP, para obtener respaldo y otorgar la licencia ambiental a la empresa YPFB-Petroandina S.A.M. de la Fase II del Proyecto Lliquimuni, y exigimos la nulidad de este procedimiento por no haberse respetado las estructuras orgánicas como manda el Art. 118 de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos y el D.S. 29033, debiéndose aplicar la consulta y participación conforme a la normativa y lo señalado en la CPE".

Finalmente, la resolución también aclara que se exige la misma nulidad para los proyectos hidrocarburíferos que afectan a los territorios de la APG, y respecto a la explotación minera de Coro Coro, Amayapampa y otros proyectos y actividades mineras que se desarrollan en territorios de los suyus, marcas y ayllus del CONAMAQ.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.