Hacia una política de vivienda para el cambio en Bolivia

Carlos Rodrigo Zapata C. (*)

Carlos R. Zapata C.

Carlos Rodrigo Zapata C., boliviano, nacido en La Paz, Bolivia.

Economista, con estudios en Argentina, Bolivia y Alemania, candidato a doctorado en economía. Estudios complementarios y experiencia en desarrollo local, gestión pública, cooperativismo, gestión de recursos naturales, turismo.

Es coautor de varios planes de uso del suelo (PLUS) en Bolivia a nivel departamental. También ha publicado numerosos ensayos relacionados con análisis económico y político, planificación, democracia, libertad de expresión y otras temáticas.

Ha sido columnista de diversos medios de información (Ultima Hora, La Razón, El Diario) y escribe regularmente en medios virtuales. Sus principales áreas de interés y actividad son: economía, planificación urbana y regional, gestión pública, democracia, desarrollo local, medio ambiente, gestión de riesgos.

Mantiene un blog llamado CLARABOYA dedicado primordialmente a democracia y libertad de expresión: http://yapukamani.blogspot.com

Tenemos muchos recursos, pero pobres resultados. Eso sucede en mayor o menor medida en todos los sectores de la economía, también en vivienda. Los autoproductores de vivienda construyen no menos de 65% de las viviendas en Bolivia, en muchos casos precariamente. El Estado nunca les ha facilitado medios ni recursos complementarios que les permitan resolver su tarea satisfactoriamente. En este artículo se presenta una propuesta para forjar un gran pacto entre Estado y autoproductores, para aprovechar plenamente los recursos disponibles de ambas partes y lograr resultados perdurables. :: Más detalles

Publicado el 2010-03-11 a horas 18:00:21

... a fondo

Ecuador: La política encima de los derechos

El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.

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